Sin entrar a la discusión política, va a ser raro ir a la Argentina y no sentir el aroma inconfundible...
"... it is his [Chomsky's] ability to excite not just contempt for American foreign policy but a lively sense that it is guided by some kind of criminal conspiracy that provides the motive for Prof. Chomsky's unceasing diatribes and the explanation of his influence. The world is full of people who wish to think ill of America. And most of them would like to be Americans. The Middle East seethes with such people, and Prof. Chomsky appeals directly to their envious emotions, as well as to the resentments of leaders like President Chavez who cannot abide the sight of a freedom that they haven't the faintest idea how to produce or the least real desire to emulate.
Success breeds resentment, and resentment that has no safety valve becomes a desire to destroy. The proof of that was offered on 9/11 and by just about every utterance that has emerged from the Islamists since. But Americans don't want to believe it. They trust others to take the kind of pleasure in American success that they, in turn, take in the success of others. But this pleasure in others' success, which is the great virtue of America, is not to be witnessed in those who denounce her. They hate America not for her faults, but for her virtues, which cast a humiliating light on those who cannot adapt to the modern world or take advantage of its achievements.
Prof. Chomsky is an intelligent man. Not everything he says by way of criticizing his country is wrong. However, he is not valued for his truths but for his rage, which stokes the rage of his admirers. He feeds the self-righteousness of America's enemies, who feed the self-righteousness of Prof. Chomsky. And in the ensuing blaze everything is sacrificed, including the constructive criticism that America so much needs, and that America -- unlike its enemies, Prof. Chomsky included -- is prepared to listen to."
No puede menos que causar asombro el hecho de que, a sólo 12 años de la reforma de una Constitución que aún no ha empezado a cumplirse en muchos aspectos, el presidente de la Nación ya esté pensando en una nueva modificación, absolutamente inoportuna e injustificada.
Al menos eso se desprende de recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien reconoció que el presidente Néstor Kirchner tiene en mente una reforma constitucional, con miras a eliminar la posibilidad de la reelección presidencial y fijar un solo mandato, que pasaría de los actuales cuatro años a cinco o seis. De acuerdo con lo que dejó trascender el funcionario, esa reforma no se impulsaría en el actual período presidencial, sino en el que se iniciaría el 10 de diciembre del año próximo, siempre que el jefe del Estado sea reelegido.
Sorprende la nueva tesitura del primer mandatario. En primer lugar, porque fueron él y su esposa, la senadora Cristina Fernández, algunos de los convencionales constituyentes que, en 1994, impulsaron el acortamiento del mandato presidencial de seis a cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva. En segundo lugar, porque el propio Kirchner, cuando era gobernador de Santa Cruz, promovió y logró el derecho a la reelección indefinida del mandatario provincial. Por último, porque el Presidente viene apoyando en los últimos tiempos distintas reelecciones de gobernadores, entre ellos la del controvertido mandatario misionero, Carlos Rovira, quien pretende la reelección indefinida y será respaldado mañana por el propio jefe del Estado en un acto público.
Algunas conjeturas sobre las verdaderas intenciones del presidente Kirchner dan cuenta de que, si se opera la reforma constitucional propiciada y él es reelegido el año próximo, podría gobernar diez años y medio en forma consecutiva -cuatro años y medio de su actual mandato y seis del próximo-, en lugar de los ocho que le corresponderían de acuerdo con la posibilidad que le garantiza la Constitución.
Desde este espacio editorial, LA NACION ha sostenido reiteradamente, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, su oposición a modificar el criterio de los constituyentes de 1853, que establecía que el presidente de la República no podía ser reelegido "sino con intervalo de un período". Tal disposición, cuya intención básica había sido limitar los amplios poderes de la figura presidencial, fue reemplazada 12 años atrás, en aras de posibilitarle la reelección inmediata al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem.
A neutralizar la tendencia al personalismo, tan propia de la tradición hispanoamericana, y a abandonar la cultura caudillista, tras la negativa experiencia de la tiranía rosista en el siglo XIX, apuntaron sabiamente los constituyentes de 1853. Lamentablemente, esas viejas tradiciones continúan muy vigentes en buena parte del país y han llevado a cimentar los males de la cultura reeleccionista.
¿Deberíamos por eso apoyar la idea presidencial de volver a un mandato de seis años para el jefe del Estado sin posibilidad de reelección inmediata? De ningún modo. Porque la Constitución de un país no puede ser concebida como una herramienta flexible, pasible de ser modificada en función de las volátiles situaciones coyunturales que se les presentan a los dirigentes políticos.
Asimismo, debe advertirse que, a partir de una reforma constitucional propiciada por una enmienda menor, siempre se corre el riesgo de que se promuevan otras modificaciones que desnaturalicen nuestra Ley Fundamental o que, como insinúa el sector gobernante, se avance hacia un presidencialismo cada vez más cerrado.
Una Constitución debe ser el cable a tierra que mantenga férreamente unido a un pueblo en virtud de un sistema de valores morales y de principios enraizados en los factores que dieron lugar al nacimiento de un Estado independiente y soberano. No existen hoy razones institucionales de peso para llevar a la práctica cambios urgentes.
Es menester, en cambio, cumplir con la Constitución actual, antes que pensar una vez más en modificarla.
Hay que comenzar por cumplir con una vieja asignatura pendiente que marcaron los convencionales reformadores de 1994: la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, que nunca fue, desde entonces, considerada parlamentariamente. En segundo lugar, derogar los mecanismos de facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, bajo la forma de los llamados "superpoderes". En tercer término, poner fin a las reiteradas violaciones de la Constitución a partir de tentaciones hegemónicas, entre las cuales cabe mencionar la reforma del Consejo de la Magistratura, que desnaturalizó la representación proporcional de los distintos sectores que establecía nuestra Ley Fundamental; la virtual imposibilidad práctica del Congreso de derogar los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo; el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial a la Casa Rosada, y la demora ilegal en completar las vacantes en el máximo tribunal de la Nación. Por último, debería ponerse coto a acciones que coartan derechos elementales del ciudadano, tales como el de circular libremente, que las autoridades no parecen preocupadas por garantizar.
Frente a esta situación, una vez más, debemos reiterar la necesidad de que, antes de pensar en modificar las normas, empecemos por cumplirlas.
