Producto, productividad, salarios e inflación

Lunes, 13 de diciembre de 2004

Al inicio de la semana / Carlos Mira
Producto, productividad, salarios e inflación

Los aumentos salariales por decreto son, en la práctica, redistribuciones del ingreso nacional realizadas por el Estado sin tener en cuenta la productividad específica de cada sector de la economía. El resultado es una grave distorsión de las variables económicas que suele tener consecuencias nefastas.

La semana se inicia con la idea de que los decretos de aumento de salarios pueden frenar la puja distributiva y controlar la ola de reclamos. Más de lo mismo para la cíclica historia económica argentina. Es como si la experiencia no nos sirviera de nada.

El producto ha crecido en los dos últimos años como consecuencia de dos o tres coincidencias internacionales sumadas a la decisión nacional de demorar el pago de la deuda todo lo que sea posible.

Pero el crecimiento del producto es el resultado de una operación aritmética que promedia las actividades económicas y no distingue la performance de los distintos sectores de la economía. Dar por sentado que la “riqueza” adicional a la existente el año pasado puede distribuirse de modo igualitario es una simplificación que poco tiene que ver con la realidad con que se mueven las variables económicas.

Hay, claramente, sectores que se han beneficiado de las condiciones internacionales antedichas y de las discutibles posturas económicas internas. Pero ello no incluye a todos los sectores.

Por ello vendría bien hacer un primer distingo entre el producto global, como simple contraste entre las cifras de PBI de un año contra el otro, y la productividad general y sectorial de la economía.

La productividad es la relación que mide el rendimiento productivo por hora/hombre de trabajo. Si esta relación aumenta, es decir, si se genera más producto en la misma cantidad de tiempo o el mismo producto en menos tiempo, se obtiene un superávit de producción que inmediatamente genera el interrogante acerca de cómo distribuirlo. Obviamente, lo justo, y reconocido en el mundo desarrollado, es que una parte de ese superávit se dirija a la unidad productiva –que a su vez puede dedicarlo a la reinversión o al reparto de utilidades- y otra parte a los trabajadores, de acuerdo a un patrón de reparto que las partes acuerden. Esta canalización del superávit no es inflacionaria porque la cantidad de billetes adicionales que se reparten están respaldados por la generación de riqueza adicional en bienes o servicios. Si artificialmente se repartieran más billetes que los respaldados por el aumento de la productividad, la diferencia se traduciría en inflación porque esos billetes habría que imprimirlos contra nada.

Ésta ha sido, en resumida síntesis, la historia de los 40 años de la Argentina que van desde los 50 hasta los 90 y que culminaron con la hiperinflación galopante que estalló en 1989.

Cuando el Estado se mete a disponer distribuciones del ingreso nacional por decreto, aborta la posibilidad de que el reparto guarde una relación acorde con la productividad específica del sector en cuestión. Claramente se trata de un procedimiento sencillo que le evita a las partes discusiones arduas y, a veces, largas, pero que introduce una distorsión tal en las variables económicas que las consecuencias suelen ser nefastas.

A mediados de los 70 el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, dispuso, por presiones gremiales, aumentos de salario por decreto que, en algunos casos, llegaron hasta el 500%. Todos sabemos cómo terminó el experimento.

Si la Argentina entrara nuevamente en este círculo, no sería extraño que la inflación volviese a instalarse entre nosotros. En el contexto de un modelo de dólar alto, como este gobierno pretende, el poder adquisitivo de los trabajadores se deterioraría de un modo alarmante.

Los dirigentes gremiales que han pedido la intervención estatal para recomponer salarios, como públicamente ha reclamado, por ejemplo, Hugo Moyano, deberían dar un repaso, no a complicadas lecciones de economía, sino a la propia historia que, incluso, muchos de ellos protagonizaron en el pasado.

Estas señales, junto a la súbita ocurrencia de cancelar la deuda con el FMI para “desintervenirnos” (como señaló un alto funcionario del gobierno al diario La Nación), darían la pauta firme de que la Argentina se encuentra próxima a independizarse completamente de las reglas de la sana economía y, en realidad, de la sana lógica.

Es muy posible, sin embargo, que, en el camino desesperado hacia la “independencia”, entreguemos definitivamente nuestra libertad y nuestra autonomía de la voluntad a las manos de un grupo de burócratas cuyos únicos denominadores comunes son la ignorancia y el autoritarismo. © www.economiaparatodos.com.ar



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