Daniel Artana en Ámbito de hoy sobre las bondades del modelo productivista. Insisto, el problema nunca fue la corrupción. Siempre se usó como excusa:
Crece la puja pero por lograr más privilegio (no por los salarios)
Por: Daniel Artana
El avance de la economía a un ritmo de 9% anual y las presiones inflacionarias han llevado a algunos a preocuparse por una incipiente puja distributiva. Puesto en otras palabras, se trata de inconsistencias en los reclamos salariales que, si son convalidados por la autoridad monetaria, terminan en mayor presión inflacionaria.
Más allá de la relevancia que pueda tener este punto, existe una puja más sutil por acceder a situaciones de privilegio, avalada por los diferentes poderes del Estado. Algunos ejemplos:
# Protección industrial «extra». A pesar de que la Argentina en el marco del Mercosur tiene aranceles externos comunes relativamente altos y que el tipo de cambio real es « competitivo», se ha observado en los últimos años una concesión creciente de protección especial a sectores que sustituyen importaciones. Pasamos de derechos «antidumping» y cupos aislados a determinados productos a generalizar esos mecanismos con la cláusula de acción competitiva que fomenta los acuerdos entre productores nacionales y extranjeros, o impone restricciones cuantitativas a las importaciones. Es evidente que restricciones de este tipo resultan en precios mayores que los de un mercado libre (o menor calidad). La generosidad para los productores que sustituyen importaciones contrasta con las retenciones a las exportaciones (incluso sobre productos industriales) y la prohibición de exportar. Esto produce un claro sesgo antiexportador. De hecho, si se mide la relación entre el tipo de cambio efectivo de los sustitutos de importaciones y los sectores exportadores más castigados, se ha vuelto a una relación de 1,8 vez, similar a la que existía en la década del 80. Otros países de la región tienen un esquema más balanceado con un ligero incentivo para la sustitución de importaciones (5% a 10%).
# Favores a las cúpulas sindicales o a la industria del juicio. Diversas decisiones del Poder Judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo han aumentado los costos laborales sin que ello resulte en un beneficio equivalente para los trabajadores. Es legítimo plantear una mejora en la protección a los trabajadores que aumente los costos empresarios, pero es una tontería aumentar los costos sólo para favorecer a «intermediarios».
# La presión sindical creciente ante un escenario de virtual pleno empleo de la mano de obra calificada ha llevado a: a) forzar a las empresas a que aporten al sindicato incluso sobre los sueldos de los trabajadores no afiliados a éste; b) aumentar los costos de relocalizar al personal, ya que se agrega a la opción del empleado de considerarse despedido y cobrar la indemnización la posibilidad de exigir que se mantenga en su puesto en un lugar que no es el adecuado para la empresa; ello seguramente terminará, pleito mediante, en una mayor compensación para lograr la relocalización; c) la propuesta de eliminación del tope para las indemnizaciones de tres sueldos de convenio por año de antigüedad que ha existido durante muchos años en la Argentina; d) aprovechar la «volada» para duplicar en forma permanente la indemnización por despido sin causa dentro del proyecto que se comenta en el punto anterior.
# A ello se suma la falta de acuerdo para resolver el tema de accidentes de trabajo luego de que la Justicia abriera la puerta para un resurgimiento de la industria del juicio ( ahora en el fuero civil luego de cobrar la compensación de la ART) y propuestas antediluvianas como las que tratan de restringir el trabajo en los días domingo, restando la posibilidad a los trabajadores de cobrar un ingreso doble por esa jornada, o de hacer sus compras en sus días libres.
# Compras del Estado sin licitación. La reciente decisión de crear la empresa AySA en reemplazo de Aguas Argentinas produce un segundo caso de «empresas estatales» que actúan como tales, excepto para las compras. Qué mejor mundo para funcionarios y proveedores inescrupulosos que aquél en que ni siquiera enfrentan los rigores de un proceso licitatorio.
# Conclusiones
Lentamente, pero sin pausas, los grupos de presión avanzan en lograr quintas que les permitan un ingreso fácil a expensas del trabajo o de los consumidores. Los costos de cada una de estas decisiones son difíciles de ver para el conjunto de la sociedad, pero están presentes al generar un ambiente propicio para que la rentabilidad empresarial dependa cada vez más de la «búsqueda de rentas» y no de las mejoras de eficiencia.
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