El Opinador Compulsivo

En la Argentina hemos probado todas las recetas económicas imaginables, desde el absurdo socialismo tercermundista de Perón, hasta la desprolija apertura al libre mercado de la época de Menem. Seguimos, sin embargo, con un país en la ruina.

Es hora de probar recetas políticas entonces, ya que en esto sí hemos sido consistentes. Sea gobiernos democráticos, cuasi-democráticos o dictaduras militares, desde la época colonial nunca nos hemos apartado del mismo modelo. Este modelo es el "modelo latinoamericano" y se caracteriza por el personalimo, el autoritarismo, el caudillismo, la demagogia, la burla de la ley, la viveza mal entendida y la corrupción generalizada en todos los niveles de la sociedad. Es hora de mirar a los países avanzados, y al detenernos en el análisis vamos a ver como no es el modelo económico el que determina el éxito (Suecia y Estados Unidos no toman la misma medicación económica). El elemento que sí es constante en todos ellos es el respeto por las instituciones.

Este es el ineludible paso que tenemos que dar para salir de la ruina.

Y esa es la razón por la cual soy muy pesimista respecto de nuestro futuro.

Excelente editorial de "La Nación" de ayer:

¿Otra reforma constitucional más?

No puede menos que causar asombro el hecho de que, a sólo 12 años de la reforma de una Constitución que aún no ha empezado a cumplirse en muchos aspectos, el presidente de la Nación ya esté pensando en una nueva modificación, absolutamente inoportuna e injustificada.

Al menos eso se desprende de recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien reconoció que el presidente Néstor Kirchner tiene en mente una reforma constitucional, con miras a eliminar la posibilidad de la reelección presidencial y fijar un solo mandato, que pasaría de los actuales cuatro años a cinco o seis. De acuerdo con lo que dejó trascender el funcionario, esa reforma no se impulsaría en el actual período presidencial, sino en el que se iniciaría el 10 de diciembre del año próximo, siempre que el jefe del Estado sea reelegido.

Sorprende la nueva tesitura del primer mandatario. En primer lugar, porque fueron él y su esposa, la senadora Cristina Fernández, algunos de los convencionales constituyentes que, en 1994, impulsaron el acortamiento del mandato presidencial de seis a cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva. En segundo lugar, porque el propio Kirchner, cuando era gobernador de Santa Cruz, promovió y logró el derecho a la reelección indefinida del mandatario provincial. Por último, porque el Presidente viene apoyando en los últimos tiempos distintas reelecciones de gobernadores, entre ellos la del controvertido mandatario misionero, Carlos Rovira, quien pretende la reelección indefinida y será respaldado mañana por el propio jefe del Estado en un acto público.

Algunas conjeturas sobre las verdaderas intenciones del presidente Kirchner dan cuenta de que, si se opera la reforma constitucional propiciada y él es reelegido el año próximo, podría gobernar diez años y medio en forma consecutiva -cuatro años y medio de su actual mandato y seis del próximo-, en lugar de los ocho que le corresponderían de acuerdo con la posibilidad que le garantiza la Constitución.

Desde este espacio editorial, LA NACION ha sostenido reiteradamente, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, su oposición a modificar el criterio de los constituyentes de 1853, que establecía que el presidente de la República no podía ser reelegido "sino con intervalo de un período". Tal disposición, cuya intención básica había sido limitar los amplios poderes de la figura presidencial, fue reemplazada 12 años atrás, en aras de posibilitarle la reelección inmediata al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem.

A neutralizar la tendencia al personalismo, tan propia de la tradición hispanoamericana, y a abandonar la cultura caudillista, tras la negativa experiencia de la tiranía rosista en el siglo XIX, apuntaron sabiamente los constituyentes de 1853. Lamentablemente, esas viejas tradiciones continúan muy vigentes en buena parte del país y han llevado a cimentar los males de la cultura reeleccionista.

¿Deberíamos por eso apoyar la idea presidencial de volver a un mandato de seis años para el jefe del Estado sin posibilidad de reelección inmediata? De ningún modo. Porque la Constitución de un país no puede ser concebida como una herramienta flexible, pasible de ser modificada en función de las volátiles situaciones coyunturales que se les presentan a los dirigentes políticos.

Asimismo, debe advertirse que, a partir de una reforma constitucional propiciada por una enmienda menor, siempre se corre el riesgo de que se promuevan otras modificaciones que desnaturalicen nuestra Ley Fundamental o que, como insinúa el sector gobernante, se avance hacia un presidencialismo cada vez más cerrado.

Una Constitución debe ser el cable a tierra que mantenga férreamente unido a un pueblo en virtud de un sistema de valores morales y de principios enraizados en los factores que dieron lugar al nacimiento de un Estado independiente y soberano. No existen hoy razones institucionales de peso para llevar a la práctica cambios urgentes.

Es menester, en cambio, cumplir con la Constitución actual, antes que pensar una vez más en modificarla.

Hay que comenzar por cumplir con una vieja asignatura pendiente que marcaron los convencionales reformadores de 1994: la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, que nunca fue, desde entonces, considerada parlamentariamente. En segundo lugar, derogar los mecanismos de facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, bajo la forma de los llamados "superpoderes". En tercer término, poner fin a las reiteradas violaciones de la Constitución a partir de tentaciones hegemónicas, entre las cuales cabe mencionar la reforma del Consejo de la Magistratura, que desnaturalizó la representación proporcional de los distintos sectores que establecía nuestra Ley Fundamental; la virtual imposibilidad práctica del Congreso de derogar los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo; el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial a la Casa Rosada, y la demora ilegal en completar las vacantes en el máximo tribunal de la Nación. Por último, debería ponerse coto a acciones que coartan derechos elementales del ciudadano, tales como el de circular libremente, que las autoridades no parecen preocupadas por garantizar.

Frente a esta situación, una vez más, debemos reiterar la necesidad de que, antes de pensar en modificar las normas, empecemos por cumplirlas.

Update: Brink Lindsey escribió en el WSJ algo relacionado al tema de las instituciones en el 2002.