Aldo Abram:
En un artículo publicado en un diario lamenté que el gobierno utilizara las tarifas y las condiciones de prestación de servicios públicos como instrumento de redistribución de la riqueza. Debo agradecer a la crítica de un lector el haberme motivado para escribir sobre un viejo mito argentino, las excepcionales habilidades de nuestros gobernantes para redistribuir el ingreso.
A lo largo de nuestra historia, los argentinos nos hemos caracterizado por tener una preferencia por gobiernos con estilo caudillista y paternalista. Esto tiene que ver con cierto realismo mágico que supone que aquellos que uno elige para ejercer el poder tienen la capacidad de resolver los problemas, en tanto y en cuanto puedan manejarse sin restricción alguna. En tanto, los políticos que acceden a la función pública, y que son parte de esta misma sociedad, se consideran con derecho a hacer y deshacer en pos de lograr los objetivos que la “sociedad” les demanda. Nadie mejor que ellos para determinar cómo educar a nuestros hijos, cómo cuidar la salud de nuestras familias, de qué forma prever un ingreso digno para nuestra vejez y mil otras decisiones más que les corresponderían a sus “menos calificados” conciudadanos. Conclusión, cuando uno cede sus responsabilidades, termina resignando sus derechos.
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