Avivadas

Enrique Szewach se pregunta quién paga el costo de vivir en la emergencia permanente:


Un país que, simultáneamente, le anuncia al mundo récords de crecimiento, consumo, reservas monetarias y superávit fiscal y se declara «en emergencia» por ley es, por lo menos, poco serio. Así lo están reconociendo los fallos de diversos tribunales en Europa, Estados Unidos y en el CIADI del Banco Mundial, en donde se tramitan el cobro de deudas varias contra el Estado argentino. En dichos fallos se hace mención, con diversas prosas, de lo contradictorio que resulta una declaración « unilateral» de emergencia, en especial, a la luz de la performance exitosa de los últimos años. La interpretación general de estos tribunales y cuerpos colegiados es que, si bien se justificó la emergencia y sus consecuencias sobre contratos, deudas y pagos, en 2002 y posiblemente durante 2003, el tiempo transcurrido y los resultados exitosos alcanzados indican que, al menos macroeconómicamente, la emergencia ha terminado. En otras palabras, la interpretación de estos tribunales es que la Argentina declara unilateralmente una injustificada situación de emergencia, sencillamente, para no hacer frente a sus compromisos.

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En medio de la bonanza regional, gracias al boom de los commodities, según datos de la ONU al año pasado, mientras Brasil, Chile y Uruguay muestran un fuerte aumento de la Inversión Extranjera Directa con tasas anuales de 25, 14 y 62% respectivamente, la Argentina presenta un estancamiento en este flujo, por no decir una caída. Una parte de esta disminución se observa en la tasa de inversión global, en donde las empresas grandes y las privatizadas presentan un déficit de inversión de, al menos, 2% del PBI unos 5.600 millones de dólares. Otro indicador importante que refleja el «estilo» argentino ha sido el «despegue» del riesgo local, comparado con el de la región, desde el estallido de la crisis financiera global a mitad de año.