En cualquier país medianamente normal del mundo, las decisiones judiciales son independientes de cuestiones políticas. Lamentablemente en la Argentina kirchnerista, el poder judicial es un apéndice más del ejecutivo como nunca antes y la gran mayoría de los jueces no se tira un gas sin la anuencia de sus jefes políticos.
En ese contexto, queda claro que las detenciones de los productores constituyen un acto de persecución política, al igual que los procesos a ex presidentes y funcionarios de gobiernos anteriores.
Qué quieren que les diga, va a terminar muy mal. Es increíble que esta gente no se de cuenta e insista con las provocaciones.
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