El Opinador Compulsivo

Hablando del activismo judicial para imponer límites al derecho de propiedad, nunca para defenderlo.

En la segunda mitad de los 90, en el primer edificio en el que vivimos en Belgrano, los vecinos nos dimos cuenta de que unas chicas que alquilaban el departamento de un ambiente del contrafrente, en nuestro mismo piso, lo utilizaban como prostíbulo.

La gran preocupación del consorcio, y nuestra, no era el aspecto moral del tema ni la lucha por la salvación de sus almas inmortales, sino la seguridad. Los clientes eran por hora y durante la noche era un desfile de personas desconocidas por el edificio. Todo el mundo tenía miedo de que la cosa termine muy mal, con robos y/u otras cosas peores.

Ya se habían producido altercados, con señores bastante beodos que se peleaban con los vecinos, porteros eléctricos que sonaban a cualquier hora de la madrugada, gritos y peleas entre clientes en los pasillos y demás.

Después de hablar reiteradas veces con las señoritas empresarias del sexo (nos explicaban que se trataba de su trabajo y que su actividad no ocasionaba molestias mayores que las de un consultorio médico o dental), incontables denuncias, llamados a la policía y varios intentos de desalojo por parte del propietario del departamento, no nos quedó más remedio que contratar un abogado para iniciar acciones legales.

Conclusión, pasaron más de dos años y miles de pesos de pagos extras de expensas hasta que el consorcio consiguió que dejaran de utilizar un departamento en un edificio residencial con fines comerciales. Mientras tanto, por si las moscas, nosotros hicimos blindar la puerta del departamento.

Aparentemente muchos jueces en Argentina consideran que su función es amparar a las personas que violan la ley.