Un burócrata autoriza los aumentos anuales según el costo de vida. Todo aumento adicional está prohibido.
Y, por otro lado, la provincia dilapida millones de dólares de los contribuyentes por año para subsidiar directa e indirectamente el acceso a viviendas para las familias y personas de bajos ingresos. Hay varias ONG que se dedican exclusivamente a hacer lobby sobre el tema.
Parece mentira, pero ni siquiera se dan cuenta de que la escasez de viviendas es consecuencia directa de los controles de alquileres. O, lo que es peor, se dan cuenta y se hacen los indios que le tocaron las nalgas al cacique.
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