El fascismo peronista, que cree que puede crear un “orden” superior al mercado natural, impuso al sector energético muchas regulaciones (coacciones en base al poder de policía) como, por caso, un “precio máximo” de US$ 42 el barril cuando el precio internacional es de 108. Irónicamente, dicho sea, el precio al público era alto (20% superior al de EE.UU.), debido a los impuestos que, recordemos, se recaudan coactivamente.
El resultado obvio fue que las empresas dejaron de invertir, por falta de rentabilidad dadas estas regulaciones y Argentina, que era exportadora de energía, paso a importar. En 2003, todavía conservaba una balanza comercial energética favorable de US$ 4.864 millones, desde entonces las importaciones aumentaron 1600% provocando un déficit, en 2011, de US$ 2.931 millones. Y es verdad que YPF casi no invertía. Entre 1999 y 2011, sus utilidades netas sumaron US$ 16.450 millones de los cuales se repartieron, entre los accionistas, 13.246 millones. Pero, ¿quién invertiría frente a tan baja rentabilidad?
Información demasiado sofisticada para entender para quien quiere que YPF se "nuestra" a cualquier costo y necesita justificar cualquier crimen que lo haga posible.
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