El día en que la democracia asesinó a la república: crónica de una muerte anunciada

Jueves, 04 de noviembre de 2004

Columnista invitado / Rodolfo Civitarese
El día en que la democracia asesinó a la república: crónica de una muerte anunciada

Con su reciente fallo a favor de la pesificación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la causa del golpe de Estado civil de finales de 2001 y elevó la razón de Estado a un rango jerárquico superior al de la Constitución Nacional. El Estado de Derecho, la independencia de los poderes, las garantías individuales y el derecho a la propiedad privada han sido asesinados.


Los lectores de todo el mundo deben conocer por qué el 26 de octubre de 2004 será recordado como el día en que la democracia argentina asesinó a la república.

Ese día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo referente de la salvaguarda de los derechos y garantías de los habitantes del suelo argentino, con un fallo controvertido, convalidó la causa del golpe de estado civil de finales de 2001.

De esa forma, la Corte elevó la razón de Estado a un rango jerárquico superior al de la Constitución Nacional. El derecho de propiedad garantizado en el artículo 17 de la Carta Magna dejó de ser basamento indiscutido de la normativa que sustenta a la Nación. A partir del 26 de octubre de 2004 la Constitución Nacional es sólo otra ley que, cuando las condiciones políticas lo requieran, puede ser suplantada por otra, aunque su rango sea de inferior calidad institucional.

Antecedentes

Desde el año 1930 hasta 1983, la Argentina sufrió la interrupción de los gobiernos democráticos por golpes de Estado llevados adelante por las Fuerzas Armadas.

En muchas ocasiones, el partido político que conformaba la oposición de ese tiempo se encargaba de promover y auspiciar el golpe a las instituciones, aportando ideas y hombres a los militares, con la miope finalidad de atacar a su rival, sin importar ni valorar las consecuencias institucionales para la república y sus ciudadanos.

Desde el 83 existió un acuerdo no escrito, entre los dos principales partidos, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, para dejar de fomentar los cambios institucionales por la fuerza, con el no escrito compromiso de asociarse en el manejo de la cosa pública. La raíz populista de estas dos fuerzas sumada a la normativa electoral elaborada y aprobada por ellos mismos, impidieron el surgimiento de un tercer o cuarto partido con aspiraciones reales de alcanzar el poder.

Por lo tanto, sólo y dentro de ese marco era posible lograr la gobernabilidad. La estrategia política chocó contra la realidad y fue así como una debacle económica, financiera y social no conocida en la Argentina, acaecida al final de los 80, se llevó puesta en forma parcial ese pacto.

En ese estado de cosas, fue un miembro del Partido Justicialista, Carlos Menem, quien intentó, con algún grado de éxito y heterodoxia (cosas buenas y malas en su gestión), la aplicación de políticas económicas abiertas al mundo. Nunca en el siglo XX el país creció tanto.

Los “excluidos” de ese modelo aperturista basado en una economía de servicios, conociendo los pliegues del poder dentro del peronismo, promovieron la candidatura de quien les pudiera devolver el mercado cerrado, cautivo, exportador gracias a un tipo de cambio sobrevaluado y bajos salarios, receta con la que habían crecido años atrás. El candidato para llevar a cabo tal regresión fue Eduardo Duhalde. Frente a él, se encontraba quien a la postre resultó triunfador en las elecciones del 99: Fernando de la Rúa. Hombre de centroderecha, perteneciente al Partido Radical, no llegó a través de elecciones internas en su partido, sino de la mano de quien lo había colocado allí: Raúl Alfonsín. Esto puso de relieve su inocultable fragilidad.

De la Rúa intentó continuar con las políticas económicas y con el posicionamiento exterior de su antecesor, mantuvo la convertibilidad y la política de acercamiento a los Estados Unidos, lo que le valió entre otras cosas ser llamado por el inefable Fidel Castro: “Lame botas yankies”.

Tanto carecía De la Rúa de poder en la base, que en menos de dos años su ex rival en las urnas llegó al sillón del poder, a partir de una crisis institucional nunca antes vista en democracia.

Los saqueos y la violencia en las calles, que fueron el preludio de la renuncia y abandono de la presidencia por De la Rúa, desaparecieron como por arte de magia y, gracias a la convalidación de Alfonsín y los suyos en el Congreso de la Nación, Eduardo Duhalde comenzó a regir los intereses de la Argentina. Entre las principales acciones de gobierno, el nuevo presidente devaluó la moneda, salió de la convertibilidad uno a uno entre el dólar y el peso y promovió lo que se llamó la pesificación.

Resultados inmediatos del golpe civil descripto: licuación de los pasivos en dólares que se redujeron a un tercio, aumento de deuda externa en miles de millones de dólares y el mayor default internacional que se recuerde en la historia.

El aumento de la pobreza interna a consecuencia de tales medidas alcanzo límites nunca conocidos.

Sin embargo, la obra no hubo de estar concluida hasta el 26 de octubre de 2004. Fue en ese día que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la pesificación a costa de los derechos y garantías individuales.

No fue suficiente el golpe civil. Había que integrarlo al derecho positivo a través de un fallo del máximo tribunal. Para ello fue necesario remover primero a integrantes de la anterior Corte. La mayoría de sus miembros no estaban dispuestos a avalar los actos de gobierno de Duhalde en esta materia.

En su presidencia Duhalde incorporó al máximo tribunal al Dr. Juan Carlos Maqueda, quien hasta ese momento era diputado nacional por el justicialismo y, paradójicamente, había votado durante el gobierno de De la Rúa en forma favorable la ley que aseguraba la intangibilidad de los depósitos.

Más tarde, ya en el poder Duhalde, jefe político, hizo votar a sus diputados la ley que disponía la salida de la convertibilidad. Con su voto en la Corte, el Dr. Maqueda borró de un plumazo y sin ningún pudor su voto a favor de la intangibilidad de los depósitos, avalando las políticas económicas del presidente Kirchner, continuador de Duhalde en el cargo.

En 2003, hubo elecciones para Presidente. Por decisión de Duhalde y sus seguidores, la interna peronista del Partido Justicialista fue quebrada en tres fracciones que se disputaron la presidencia. El candidato de Duhalde era el entonces poco conocido gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que en las elecciones alcanzó el poder con el 22% de los votos.

Lo llamativo fue que el espectro electoral marcó que los votos de centroderecha, encabezados por Menem y Ricardo López Murphy, alcanzaron al 40% de los votos. Con la asunción de Kirchner, el objetivo de mantener políticamente el nuevo (viejo) esquema de sustitución de importaciones, cierre de la economía, el Estado involucrado en el mercado y en la obra pública, estaba garantizado.

Para que la perimida estrategia alcanzara su finalidad era necesario el aval de la Corte Suprema. Se persiguió a los integrantes hasta conseguir el alejamiento de varios de sus ministros y componer una nueva Corte que estuviera dispuesta a solidificar, lo más jurídicamente posible, los privilegios de los “excluidos” del sistema económico instaurado en la década de los 90.

El 26 de octubre se alcanzó el objetivo final. A partir de ese día nos embarga, a quienes aspiramos a la instauración de la república, un luto político. Los sectores económicos privilegiados que sustentaron el golpe de diciembre de 2001, respiran aliviados. Ya no quedan más obstáculos en su camino.

Resultado

La democracia, con estas mayorías circunstanciales, ha tergiversado los valores de la república.

El Estado de Derecho, la independencia de los poderes, las garantías individuales y el derecho a la propiedad privada, consagrados en la Constitución Nacional que dio origen y sustento a la República Argentina, han sido asesinados y sepultados. La necesaria complicidad de intereses políticos y económicos bastardos, que obedecieron y ejecutaron (no sin nada a cambio) las directivas a pie juntillas, logró que alcanzaran sus objetivos.

Conclusión

La Constitución de 1853 se alcanzó luego de años de guerras civiles fraticidas.

La política y los intereses económicos defendidos por Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, hacían imposible la organización institucional del país.

Ahora, a casi un siglo y medio de distancia, una parte de los argentinos olvidó la lección que la historia nos legó.

Para quienes la tenemos presente sólo nos queda la esperanza de encontrar en el marco político actual dirigentes que levanten las banderas de la reconstrucción de la república.

Esperanza que revaloriza los actos de los hombres que organizaron institucionalmente el país.

Esperanza de millones de argentinos por más y mejor educación y salud, por un auténtico crecimiento económico a través de la atracción de capitales para la inversión y por el respeto irrestricto de la Constitución Nacional.

Ante el hecho consumado el 26 de octubre de 2004, sólo queda la esperanza.

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Rodolfo Civitarese es abogado y analista político, realizó un postgrado en Especialización de Management Ambiental en la Universidad Católica Argentina y es Participante de la International Visitor Program of United States Information Agency.


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