Superpoderes

Julio, uno de los comentaristas de lujo del blog, me mandó por mail un muy interesante trabajo sobre los “superpoderes”. Es un poco largo para publicarlo completo en un post. Esta es la introducción, si alguien lo quiere leer completo me lo pide y se lo mando por mail. Creo que vale la pena:

I. INTRODUCCIÓN
Algunos de los medios de prensa, por tanto tiempo complacientes con los desbordes del actual titular del poder ejecutivo, han comenzado a despertar de su letargo o de su enamoramiento, y afloraron las críticas por los llamados “superpoderes”.

Me complace que aunque sea tardíamente, la prensa y los opositores comiencen a cumplir –muy poco- sus roles, pero me temo que el circunscribir la cuestión al proyecto en danza –modificación de la ley 24.156, y autorización al Jefe de Gabinete (en los hechos al Presidente) para cambiar discrecionalmente la asignación de las partidas presupuestarias- además de comportar una visión limitada y superficial del problema, genera el riesgo de que se piense que hasta ahora, todo era natural, normal y regular.

Por otra parte, por justificadas que sean las preocupaciones y las indignaciones éticas (la Dra. Carrió dijo que el proyecto es para robar), desvían el foco de lo trascendente: la necesidad de preservar la división de poderes, con absoluta prescindencia de las calidades técnicas o éticas (o la ausencia de ellas) de los ocasionales ocupantes del sillón presidencial o sus ministros. Todo el esquema republicano de pesos y contrapesos parte de la premisa implícita –confirmada muchas veces en los hechos- de que los gobernantes no son ángeles ni santos; y aunque lo fueran, pueden equivocarse gravemente en el ejercicio del poder, cuando no están sujetos a límites.

La reflexión de Lord Acton de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, no estaba fundamentalmente referida al fenómeno moderno de la corrupción “por dinero”. Los padres de la República, cuando en 1853 sancionaron el art. 29 de la Constitución Nacional, querían evitar la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo; y consideraron que esa sola concesión –aunque no esté presente ningún móvil pecuniario, y aunque todos se hallen honestamente convencidos de que así velarán por el interés público o el bien común- es un delito gravísimo. No creo que Lenin, ni Stalin, ni Pol Pot ni Hitler o Mussolini, ni el Ayatollah Khomeini robaran, pero no dejaron de ser unos abominables tiranos.

Reducir el debate sobre los llamados “superpoderes” a una contienda sobre las calidades morales o intelectuales de los impugnadores –como lo hicieron tanto el presidente como su esposa y senadora que defendió el proyecto oficial- es caer en pueriles argumentos “ad hominem”, que sólo dentro de la casi inexistente cultura política argentina pueden servir (servir únicamente desde el ángulo utilitario de la política agonal). Desde Aristóteles, el argumento “ad hominem” ha sido justamente descalificado por su precariedad lógica: criticar al adversario en rigor no prueba nada sobre la verdad de una tesis. Pero, por la misma razón, no pueden fundarse las críticas a los superpoderes, en las calidades personales –más bien, la carencia de ellas- del actual presidente. El otorgamiento de facultades extraordinarias, por si alguno no se acuerda, es un delito, se dé a quien se dé.