Se los digo en serio, no deja de sorprenderme el grado de primitivismo de este gobierno y sus funcionarios. Lamentablemente, me temo que la involución alcanza a gran parte de la sociedad. Honestamente pensé que este tipo de cuestiones habían quedado claras hace décadas, especialmente considerando el lamentable historial argentino en materia de experimentos de política económica.
Pero no, seguimos, y cada día vamos un poco más lejos, como suele suceder una vez que se retoma el camino del intervencionismo y el dirigismo. Una distorsión lleva a otra.
Roberto Cachanosky analiza las últimas declaraciones de Felisa Miceli, la ministra de economía. Pensar que esta señora pasó, gracias a la generosidad argentina, de oscura funcionaria de tercera línea con un contrato temporal conseguido gracias a los contactos del marido a mandamás del ministerio. Ni ella lo debe poder creer:
La ministra Miceli afirmó que "lo que está congelado no son los precios, sino la tasa de ganancias de las compañías", agregado a que "la rentabilidad se ubica entre 28 y 30%, tres veces más alta que en países europeos o del Hemisferio Norte".
La primera parte de la afirmación de la ministra suena a una especie de pirueta dialéctica para evitar hablar del congelamiento de precios, dado que esa política ha dado tan malos resultados en el pasado que si algún funcionario público la anunciara con bombos y platillos, la gente sabría de entrada el final de la película. En otras palabras, hablar de congelamiento de precios en la Argentina es lo mismo que pronosticar un estallido inflacionario futuro. Y, dicho sea de paso, este eufemismo de control de ganancias no ha logrado grandes resultados. Desde que fue establecido con mayor intensidad a fines del año pasado el índice de precios al consumidor sólo ha tenido una baja de 1,8 puntos porcentuales respecto al pico de inflación anual que se registró en noviembre de 2005.
Pero veamos el tema del control de utilidades, pero no de precios. Si, como dice Miceli, lo que el Estado está controlando son las ganancias de las empresas, quiere decir que si una empresa reduce sus costos de producción y aumenta sus utilidades, la conclusión lógica es que el Estado debería obligar a esa empresa a disminuir sus precios para mantener congelada la tasa de ganancia.
Si ésta es la política adoptada por el Gobierno, ¿quién puede tener estímulos para ser más eficiente ? ¿Para qué reducirlos si, como las ganancias están congeladas, el Estado va a confiscarme, vía regulaciones, mi mayor eficiencia? Es más, bajo este diseño de la política económica, como empresario, no tendría que preocuparme por mejorar los costos de producción, total a mayores costos subo los precios y el gobierno me lo autoriza mientras mantenga las ganancias constantes. Que luego el mercado me compre o no mis productos a precios más altos es otra historia.
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