Matrimonio privado

Más sobre la propuesta de privatizar el matrimonio. Muy interesante reflexión del Profesor Julio sobre el tema:

Una cosa son las relaciones privadas entre dos hombres y dos mujeres -que sean o no contratos, se rigen por el principio de autonomía de la voluntad- y otra cosa, esos mismos acuerdos, cuando afectan a terceros. La cuestión no es entrometerse en la intimidad de las alcobas, sino si los homosexuales pueden adoptar (y eso no es un mero acuerdo privado, pues existe un menor cuyos derechos e intereses se ven afectados; recordemos que las partes son libres de acordar lo que quieran, pero no pueden afectar a terceros).

Sé que esto no cae simpático ni es políticamente correcto, y que tanto liberales como “progres” me tacharán de dinosaurio, pero el matrimonio es una institución natural, no una construcción artificiosa del Estado. De todas formas, si se quiere eliminar el matrimonio civil heterosexual, háganlo (lo que no es tan fácil, pues existen muchísimas relaciones jurídicas, patrimoniales y extrapatrimoniales, que surgen de la convivencia), pero no introduzcan por la ventana el matrimonio civil homosexual.

De un matrimonio surge una serie de derechos y deberes (fidelidad, crianza de los hijos, etcétera) que tornarlos jurídicamente exigibles entre homosexuales puede lindar lo ridículo. El novio Héctor podría demandar el divorcio, porque Hugo tiene aventuras con Patricia, y reclamar la tenencia de Huguito. A la vez, durante el proceso o después, Hugo podría reclamar un régimen de visitas, con salida del hogar, pues después de su desliz con Patricia, rehizo su vida con Francisco, pero extraña mucho a Luisito.

El gran perjudicado de esas mixturas antinaturales -sean o no “matrimonio”- serán los “hijos” adoptivos (adopción que no tiene nada de contractual, y que se impone a menores).

A tu pregunta de por qué tiene el Estado que regular la cuestión, se me ocurre la siguiente respuesta: ¿sería razonable que puedan “unirse” y reclamar protección jurídica de su unión una madre y su hijo, o peor aún, un padre y su hijo? O que entre ambos decidan adoptar a un tercero, e inculcarle sus propias preferencias sexuales.

Acepto que las preferencias sexuales, en la medida que no incidan sobre terceros y permanezcan en la órbita privada, son una cuestión en la que el Estado no tiene por qué meterse (en Argentina, artículo 19 de la Constitución Nacional). Pero si sólo fuera ese el problema, no levantaría tanta polvareda. Lo mismo puedo decir de las uniones, si no se reclama protección jurídica para ellas.

El tema fundamental es, admitiendo que la gente debe tener los mayores espacios posibles de libertad, determinar en qué medida la actuación de ciertas personas incide en los derechos de terceros, y cuál es el campo de acción de las normas imperativas. Siempre existirán relaciones que no dependen de la voluntad explícita y contractual, pero que generan consecuencias jurídicas, y normas legales que regulen determinadas cuestiones, imponiendo prohibiciones o estableciendo obligaciones. Cuál es el límite de los preceptos imperativos es una cuestión de prudencia, pero algunos deben existir.

Por ejemplo: nadie puede, por contrato, someterse a la esclavitud. Nadie puede pactar con otros el homicidio de un tercero. No pueden venderse los hijos. No se pueden negociar embriones humanos. Sin llegar a extremos, si una pareja, aunque no esté casada, tiene hijos y luego se separan, la ley otorga o reconoce una serie de derechos, que no dependen de ninguna relación contractual, pero es razonable que estén regulados (alimentos, régimen de visitas, etcétera). Las situaciones que den lugar a regulaciones imperativas y a deberes jurídicos sin base en el acuerdo son numerosas (tributarias, penales, contravencionales, municipales o comunales, reglamentaciones en materia de convivencia vecinal, derechos reales, obligaciones extracontractuales, y muchos otros más), y es razonable, dentro de amplios límites, que el Estado establezca obligaciones y prohibiciones. Liberalismo no es anarquismo (Mises dixit). Aun en materia contractual, puede la ley establecer normas supletorias, que si bien no son de orden público, completen lo que las partes no previeron.

Ahora bien: si el Estado puede regular, con mayor o menos intensidad, muchas relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿por qué no puede hacerlo con el matrimonio? Que las uniones de pareja (hetero u homo) sigan siendo uniones de pareja, pero que existan regulaciones legales no implica “estatizar” el matrimonio, ni que la única opción válida sean los acuerdos no regulados.

Un escritor ateo como Francis Fukuyama aprecia, en sus libros más recientes (Confianza, La Gran Ruptura, El fin del hombre), el valor de las religiones, y destaca su importancia en la preservación del capital social.

Una vez desaparecida la familia y desprestigiadas todas las religiones, el resultado probable no será la expansión de los ámbitos de libertad, sino que quedará el individuo solo frente al Estado, más fácilmente oprimible y manejable (recordemos que el estado soviético había erigido una estatua a un pequeño monstruo delator de sus padres). Que la destrucción de la familia burguesa haya sido un objetivo explícito del programa marxista-leninista, debería llamarles la atención acerca de dónde están los aliados, y dónde los enemigos.

El pueblo judío subsistió como nación, pese a las persecuciones seculares, por la religión que lo unificaba. El pueblo polaco se libró del comunismo no por las agudas reflexiones de anarco-liberales, sino gracias al apoyo a Walesa y al sindicato Solidaridad del Papa y de un troglodita como Reagan, que no sólo era liberal en lo económico, sino que pensaba que la religión debía volver a las escuelas.