El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Néstor Kirchner, José Abriata, admitió ayer que sabía que en su organismo se había producido un desvío de seis millones de pesos y reconoció que durante meses no lo denunció para evitar un problema institucional. La jueza (Servini de Cubría) investiga si se malversaron seis millones de pesos que debían destinarse a las obras en la central atómica Atucha II, que lleva 27 años en construcción.
La Justicia sospecha que con esta operación se defraudó al Estado, que se pagaron montos exorbitantes por diferentes servicios y que se utilizaron facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes.
Abriata no fue quien firmó el traspaso de los seis millones. Lo hizo el vicepresidente de la CNEA, Carlos Rey. Abriata sostuvo que se enteró del traspaso de los fondos cuando la operación ya se había concretado (dijo que estaba de vacaciones) y que la transferencia había sido ilícita porque Rey no tenía atribuciones para tomar una decisión semejante sin su aprobación.
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