Si los empleados públicos en general y las fuerzas de seguridad muy en particular deben tener derecho a organizarse en sindicatos y apelar a la huelga.
Se supone que los sindicatos existen para defender a los trabajadores de los abusos de los empleadores que buscan explotarlos a toda costa. Pero si el empleador es el estado/gobierno - que no está contaminado por el vil lucro y, por lo tanto, siempre actúa motivado por la defensa de los intereses de la gente de a pie - ¿qué sentido tiene un sindicato y/o el derecho a huelga?
Durante los últimos diez años el estado argentino se empomó a sus militares y policías pagándoles hasta un 75% de sus sueldos "en negro" (suplementos en lugar de salario)... un sindicato hubiera venido bien.
ReplyDeleteHace algunas décadas un jurista como Marienhoff negaba a los empleados públicos el derecho de huelga.
ReplyDeleteAunque sea "políticamente incorrecto" y suene casi herético decirlo hoy, la huelga debería ser en principio incompatible con la relación de empleo público. En teoría, el derecho de huelga es una herramienta puesta a disposición de la parte supuestamente más débil en la relación de empleo, que opera como factor compensador del aducido mayor poder negociador de los empleadores, que puede a la vez despedir a todos o a algunos de sus dependientes.
Pero una huelga de la administración pública para exigir, por ejemplo, aumentos salariales, se realiza contra un empleador indeterminado que económicamente es el resto de la comunidad y particularmente los contribuyentes, aunque en Argentina no lo adviertan. Si los gastos públicos dependen -deberían depender- de la ley de presupuesto, exigir un incremento de remuneraciones por una vía coercitiva entraña reclamar que el Poder Ejecutivo saque plata de donde sea -endeudamiento, mayor presión tributaria, emisión o todo eso a la vez- incurra en malversación de caudales públicos, y destine al pago de los incrementos, fondos que en teoría estaban destinados a otros fines, o no estaban previstos en la ley.
A mayor abundamiento, el "empleador" no tiene como alternativa compensatoria el despido, por la estabilidad constitucional del empleado público.
En consecuencia, los dados están marcados contra el resto de la sociedad: el poder ejecutivo que concede un aumento salarial hace política electoral a costa del bolsillo de los contribuyentes, e infringiendo la ley de presupuesto.
Ciertamente, hoy en día el presupuesto no tiene sentido, porque las propias leyes permiten variar discrecionalmente la imputación de las partidas, o el Poder Ejecutivo gasta más allá de lo presupuestado, y el Congreso no controla la cuenta de inversión.
Yo usaba el mismo argumento en las discusiones surgidas recientemente por los estados que estaban regulando los derechos de los sindicatos de emplados publicos ( que en el gobierno federal de USA no estan permitidos )...
ReplyDeleteMi planteo era el mismo, o abandonan el derecho al sindicato olo mantienen pero reconocemos que el estado no tiene como objetivo el bien de la mayoria... :)
Ademas de no olvidarse que esos empleados publicos mediante el voto pueden elegir a sus "jefes", asi que si no estan de acuerdo con sus condiciones de trabajo que lo modifiquen por el voto.. yo no puedo votar al mgmt de mi empresa...
muy bueno
Francisco
El estado es el mas violento de los empleadores y el que menos cumple la legislación laboral.
ReplyDeleteNo me cabe la menor duda, anónimo. Y es intocable.
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