Juan Carlos de Pablo sostiene que en un país con las características del nuestro, el conflicto entre el campo y la ciudad es inevitable. El rol del gobierno debería ser no exacerbarlo:
Ni un gobierno angelical puede eliminar el conflicto, pero –como ocurre con el actual– lo puede exacerbar. A partir de 2003, las autoridades eligieron una posición extrema en materia distributiva, que encima es la peor desde el punto de vista técnico: prohibir las exportaciones de carne, trigo, maíz, etc., y gravar fuertemente las exportaciones de soja, para con dicho producido financiar un gasto público casi enteramente compuesto por salarios, jubilaciones, subsidios al transporte urbano de pasajeros, energía y a los créditos destinados a la fabricación de bienes industriales, etc., sin conexión alguna con el origen geográfico de los ingresos públicos por exportaciones (las retenciones a la exportación no son coparticipables, pero si al menos financiaran obras de infraestructura concentradas en las provincias que más las originan…). Y como si esto fuera poco, con un diagnóstico ministerial inverosímil y una postura del gobierno en general insultante hacia el sector.
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