Están cerradas las playas, piletas, campos de deportes y demás servicios considerados no esenciales. La recolección de basura se hace cada cuatro semanas. Recomiendan al público dar la vuelta y huir despavoridos si se encuentran con algún piquete en esas instalaciones.
Por dónde empezar.
Como decía la vez pasada, sigo sin entender del todo cuál es el sentido de que los empleados públicos tengan sindicatos. Se supone que esas organizaciones están para defenderlos de la explotación a la que los somete el vil mercado. Pero con el estado/gobierno como empleador y sin fines de lucro todo debería ser armonía, paz y amor.
Esta gente pide aumentos de salario para equiparar sus ingresos con los empleados de otras municipalidades. Es realmente fantástico.
Seguramente mucha gente quiere sus empleos, ¿son acaso propietarios de esos empleos? ¿Tienen coronita? Que se los den a quienes quieran trabajar por el sueldo que cobran hoy.
ReplyDeleteHace varias décadas, uno de los entonces popes del derecho administrativo -Miguel Marienhoff- sostenía que los empleados públicos carecen del derecho de huelga. Hoy es "políticamente incorrecto" decirlo, pero analicemos un poco:
ReplyDelete1) Supuestamente la huelga y la negociación colectiva son armas legales de los dependientes, contra el pretendido -y a veces real- mayor poder fáctico del empleador. Tiende -por hipótesis; no hablemos de la productividad marginal a los que no entienden o no quieren entender- a "equilibrar fuerzas". El patrón puede descontar días no trabajados, difícilmente -aunque no imposible- despedir a algunos indemnizándolos, o si la situación se pone insoportable, cerrar la empresa. Así lo hizo Robert Bosch en Tucumán.
También el empleador puede trasladar parcialmente a los precios los mayores costos, disponiendo de algún poder compensador.
2) Cuando el empleador es “el Estado” –es decir todos nosotros- la situación resulta muy diferente:
A- La huelga supone un reclamo dirigido al Poder Ejecutivo de que utilice recursos públicos que deberían estar previstos ya en el presupuesto y aprobados por el Poder Legislativo, para fines distintos de los contemplados en la ley, o que emita moneda.
En Argentina se trampea, sub-previsionando los gastos y recursos, para disponer del excedente de recaudación a su antojo, pero aun esa trampa no alcanza.La única forma -inconstitucional e irracional- de superar el problema son los "superpoderes" al Poder Ejecutivo para que haga lo que le venga en gana con el dinero que recaude.
B) El Poder Ejecutivo no podría "negociar" la disposición de fondos públicos sin presupuesto que lo habilite. Pero no es una reflexión meramente jurídico-formal: se traduce en la malversación tolerada de los caudales públicos y en la reducción a la insignificancia del Poder Legislativo
C) Se olvida que en realidad el aparato estatal -en todos los poderes- es o debe ser un empleado de los contribuyentes. Pero frente a un reclamo salarial de los empleados públicos, no son parte en la discusión los verdaderos pagadores de sueldos: quienes cumplen total o parcialmente sus obligaciones impositivas. Los que pagamos impuestos directos somos una minoría no consultada, ni valorada, ni con caudal electoral. C) El Estado -suprimiendo intermediarios, el resto de la sociedad- en los hechos está inerme frente a los huelguistas: la estabilidad constitucional del empleado público, que entraña la imposibilidad de despedirlos sin sumario, le impide "negociar", pues toda negociación presupone un margen de acción alternativa si no se llega a un acuerdo.
Además, tienen garantizado el apoyo de la prensa, la televisión, la radio y la opinión pública, en gran medida compuesta también por empleados públicos. Los "autoconvocados de la salud" hace casi dos años tienen paralizada la salud pública en Tucumán, en desmedro de los más pobres, que se atienden en los hospitales. Ningún fiscal de instrucción ha iniciado investigación alguna por el probable delito de abandono de personas.