Otro artículo de la serie "así en Argentina como en España". Porque descendemos de los barcos. Y de gente sin Ley.
¿Cuándo se fue al carajo la democracia en España? ¿Cuándo transitamos, sin darnos cuenta, del entusiasmo a la degradación que se lo tragó todo? Arriesgaré una fecha. A sabiendas de que las fechas sólo marcan puntos de inflexión en la tendencia, que el manantial del mal es más profundo y que su continuidad es imprevisible. 1 de julio de 1985. Ley Orgánica del Poder Judicial. Hasta ese día, la Constitución de 1978 estaba vigente. Y, con ella, el convencional criterio de división y autonomía de poderes sobre el cual, desde Montesquieu (es necesario que por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder), toda Constitución se asienta. Dejó de haberla ese día. Si uno se toma en serio el postulado que, formulado por el abad de Sieyès para la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, establece cómo «toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee Constitución». Por más que se envanezca de ella.
La Ley Orgánica del Poder Judicial felipista fue redactada con un objetivo estratégico, que Alfonso Guerra tuvo la descortesía de hacer explícito en su brutal arremetida contra el Tribunal Constitucional: «Las leyes no pueden permanecer paradas por doce personas que, además, no han sido elegidas por las urnas». Es la quintaesencia de la juridicidad fascista: la asignación al ámbito judicial de una función ancilar del poder político. El modo en el cual la ley extendió a todos los jueces tal criterio fue brutal: los miembros del Consejo General del Poder Judicial, gobierno formal de los jueces, pasarían a ser designados por los partidos políticos proporcionalmente a su presencia en el Parlamento. A partir de eso, hablar de independencia judicial no es más que un cruel sarcasmo.
Impresionante, sirve para echar luz en el caso argentino.
ReplyDelete“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee Constitución”, la anoto.
Igual en Argentina darle el poder a los jueces no es garantía de nada, el que pasó por un proceso judicial puede dar fé de ello
ReplyDeleteGabriel: es cierto que los jueces no son en Argentina demasiada garantía. Pero eso es así, por su dependencia de la política, de los políticos y de los medios (explicar esto último requeriría mucho espacio). El Consejo de la Magistratura fue captado por el kirchnerismo y la justicia está amedrentada por los espionajes, las pinchaduras de teléfonos, las "carpetas" y el CELS de Verbitsky.
ReplyDeleteHoy nadie puede ser designado juez si no pasa por un examen de "corrección política", lo que ha degradado el Poder Judicial.
Pese a todo, ocnvertir al Poder Ejecutivo en juez -como lo hacen las múltiples leyes que le asignan funciones jurisdiccionales, como la ley 19.549, la ley de procedimientos fiscales n° 11.683, la ley de abastecimiento n° 20.680, los códigos tributarios y muchos otros cuerpos de normas que tendría que buscar- además de ser inconstitucional, es el camino seguro para el despojo. El peor Poder Judicial, cuanto se va el gobierno que los influye o antes de irse se torna "lame duck", es mejor que el propio Poder Ejecutivo asumiendo el papel de juez de sí mismo.
En mi vida profesional frecuentemente he encontrado jueces que resuelven conforme a derecho y a la justicia, sobre todo en instancias superiores. Lo que nunca ha ocurrido es que los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo decidan a favor del contribuyente, administrado o justiciable en general.